Un debate encendido

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miércoles, 1 de abril de 2015

La crisis del Estado autonómico (II)

       

        Como se ha situado en la entrada anterior, la crisis del Estado autonómico parece ser una evidencia corroborada desde múltiples ámbitos (político, académico, social, etc). Asimismo, el debate sobre el modelo territorial se encuentra en un punto álgido de la agenda pública (órganos de representación parlamentaria, medios de comunicación, etc).

        En los últimos años el Estado avanza hacia una centralización lenta pero progresiva con un denominador común: blindar las facultades de las instituciones del Estado central para limitar tanto la autonomía normativa y fiscal de las comunidades autónomas (CCAA) como su margen de maniobra. Ante esta situación, existen al menos 4 tendencias confrontadas en relación al modelo territorial:

1-Recentralización
2- Federalización simétrica
3-Federalización asimétrica
4-Secesión o independencia

      A manera de síntesis intentaré hacer una síntesis comparada de las 4 tendencias antes mencionadas, en base a sus fuerzas impulsoras, la descripción del modelo, antecedentes del mismo, tipo de soberanía, reparto competencial, sistema institucional, amparo jurídico del autogobierno, fiscalidad, gestión de la singularidad cultural, derecho a la autodeterminación y sistema de acceso:


1-La RECENTRALIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO, bajo el eufemismo de "reformas armonizadoras" para hacer frente a asimetrías entre comunidades autónomas (CCAA) y posibles "solapamientos".
Fuerzas impulsoras:  Gobierno de EspañaPP, Ciutadanos y ala centralista del PSOE.
Breve descripción del modelo: Modelo con Estado central (EC)con plena capacidad para recaudar impuestos, anular normas territoriales y suspender el autogobierno en circunstancias excepcionales. Sistema electoral favorable a los partidos de ámbito estatal.
Antecentes: Estado unitario moderno y contemporáneo, el modelo de descentralización administrativa español (Mancomunidades, 1913), el Estado autonómico (1978) y leyes de armonización autonómica de los años 80.
Tipo de soberanía: distribuida-reducida
Reparto competencial: El reparto de competencias se modifica a favor del EC. Devolución de competencias en materia de seguridad y prisiones al EC.
Sistema institucional (autonómico): simplificación de órganos y reducción del nº de representantes. Actividad parlamentaria limitada. Dinámica presidencialista (abuso del decreto-ley).
Fiscalidad: aplicación del régimen común para todas las CCAA excepto Euskadi y Navarra. Baja o nula autonomía fiscal. Sistema de transferencias y fondos finalistas a las CCAA.
Singularidad cultural: se modifica para afianzar una cooficialidad asimétrica favorable al castellano (frente a la opcionalidad del catalán, gallego,vasco..). Sistema educativo con lengua vehicular castellana (opción A) o por cuotas (opción B).
Amparo y blindaje del autogobierno: Constitución estatal y cartas autonómicas (leyes orgánicas).
Derecho a la autodeterminación: no está reconocido y se encauza penalmente su promoción.
Sistema de acceso: modificación de leyes orgánicas armonizadoras, reformas estatutarias y, excepcionalmente, reforma constitucional (modelo más restrictivo).

2-La FEDERALIZACIÓN SIMÉTRICA del Estado autonómico. Conversión de las CCAA en Estados Federados (EEFF) y España en un Estado Federal con un poder federal fuerte. Auspiciada mediante eslóganes como la "mejora de la calidad del autogobierno" generalizaría cuotas de autogobierno superiores e iguales para todas las CCAA.
Fuerzas impulsoras: IU, ala federalista del PSOE, minorías progresistas (Podemos, Equo, etc) y nacionalistas periféricos moderados (como el CHA).
Breve descripción del modelo: Modelo descentralizado con un reparto de competencias exclusivas, propias y compartidas con los Estados Federados y un sistema fiscal con ventajas para éstos últimos.
Antecedentes: Federalismo simétrico internacional, federalismo alemán y el Estado autonómico (1978).
Tipo de Soberanía: compartida-limitada (federalizada)
Reparto competencial:  todas las CCAA asumen equivalente nivel de competencias, similar al de las nacionalidades históricas.
Sistema institucional (autonómico): desarrollo institucional de las CCAA / Estados federados. Órganos con soberanía limitada y otros exclusiva. Actividad parlamentaria moderada.
Fiscalidad: Se implanta el principio de ordinalidad que impide que un territorio baje en el ránquing de riqueza por cápita después de aplicar los mecanismos de redistribución interterritoriales.
Singularidad cultural: Se mantiene la cooficialidad lingüística y se respeta la inmersión lingüística en la lengua propia en el sistema educativo.
Amparo y blindaje del autogobierno: Constitución estatal y Constituciones de Estados Federales refrendadas.
Derecho a la autodeterminación: No estaría reconocido aunque podría contemplarse una consulta pactada o consultas específicas autorizadas por el Estado.
Sistema de acceso: reforma constitucional y reformas estatutarias.

3-FEDERALIZACIÓN ASIMÉTRICA: se trata del encaje y tratamiento singular de una o varias comunidades autónomas, cuyo techo competencial, autonomía fiscal y/o derechos lingüísticos serían superiores o gozarían de un blindaje especial frente al resto de CCAA. También podría tratarse de una comunidad con el estatus de "Estado libre asociado" al Estado español.
Fuerzas impulsoras: PNV, ICV, EU-IU catalanas , Compromís y BNG. También podrían incluirse los insularistas Coalición Canaria y PSM de Mallorca.
Breve descripción del modelo:  modelo de relaciones institucionales basado en la bilateralidad, la  lealtad institucional mutua y el blindaje de competencias del Estado asociado frente al Estado español.
Antecedentes: Autonomismo asimétrico de la II República (1931), constitucionalismo medieval y moderno y federalismo internacional. Referentes actuales: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estatus especial del Estado federal alemán de Baviera,  propuesta vasca "Plan Ibarretxe" (2001) y la Confederación Helvética.
Tipo de soberanía: compartida-blindada (confederalizada)
Reparto competencial: reparto  favorable al a la comunidad federalizada  aunque reservando al Estado competencias exclusivas como la Defensa y buena parte de la acción exterior. Derecho a la representación exterior reconocido dentro de acuerdo a la legalidad internacional existente.
Sistema institucional (autonómico): mayor desarrollo institucional de la comunidad confederada. Órganos con plena soberanía. Actividad parlamentaria intensa.
Fiscalidad: Sistema similar o equivalente a la del concierto económico vasco-navarro. Autonomía fiscal plena (100%), aunque sujeta a la negociación y  pago de una cuota de compensación (por servicios estatales prestados), con o sin pago de un fondo de solidaridad interterritorial (0,7%).
Singularidad cultural: cooficialidad lingüística con blindaje de la lengua propia e inmersión lingüística en el sistema educativo.
Amparo y blindaje del autogobierno: Constitución estatal, Acuerdo de Federación refrendado y Constitución  refrendada de Comunidad/Estado Asociado.
Derecho a la autodeterminación: reconocido explícitamente o, en su ausencia, un pacto confederal refrendado por la ciudadanía del Estado libre asociado y aprobado por las cámaras españolas.
Sistema de acceso: reforma constitucional, consulta vinculante pactada y (opcional) derecho a la autoderminación

4-LA SECESIÓN DE UNA COMUNIDAD NACIONAL, amparada en el Derecho internacional y actualmente impulsado en Catalunya por el gobierno y parlamento autonómicos.
Fuerzas impulsoras: partidos independentistas periféricos (ERC, izquierda abertzale), nacionalismos soberanistas (CIU y otras minorías de corte progresista como CUP, ANC canaria, etc).
Breve descripción del modelo: constitución de un Estado propio con plena soberanía y representación en los organismos internacionales.
Antecedentes: secesiones balcánicas (1991-2008), reunificación alemana (1989) e indepedencias bálticas (1991). También el referente de Quebec (Canadá) y Escocia por la experiencia autodeterminista (1980-95 y 2014, respectivamente).
Tipo de soberanía: absoluta (emancipada). Convenios específicos firmados con el Estado español y plan de transferencia de competencias hasta la plena soberanía.
Reparto competencial: nulo. 100% exclusivas asumidas por el nuevo Estado.
Fiscalidad: 100% autonomía fiscal.
Sistema institucional: igual i equivalente al de cualquier otro Estado. Actividad parlamentaria equivalente.
Singularidad cultural: Oficialidad de la lengua propia (opción A) o cooficialidad asimétrica favorable a la lengua propia (opción B).
Amparo y blindaje del autogobierno: Constitución propia refrendada y referéndum de autodeterminación o consulta vinculante.
Derecho a la autodeterminación: ejercido y reconocido.
Sistema de acceso: consulta pactada (opción A), referéndum unilateral (B) o declaración unilateral de independencia-DUI (opción C).


ENLACES RELACIONADOS:

Informe de las Comunidades Autónomas, IDPB, 2013.
Informe de las Comunidades Autónomas, IDPB. 2000-20013
Web del Instituto de Derecho Público de Barcelona (IDPB)
Web de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)
Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, 2013
Web de la autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

martes, 31 de marzo de 2015

La crisis del Estado Autonómico (I)

               El debate sobre el modelo territorial se ha convertido en los últimos años en una cuestión candente de la agenda pública española. Más o menos contaminado por los procesos electorales y el discurso de campaña, ha sido un debate relanzado especialmente por los detractores del movimiento soberanista catalán  impulsado por la ANC y el gobierno catalán. Las aspiraciones independentistas de aquél ha supuesto el desafío más explícito al modelo territorial consagrado por la Constitución española desde su aprobación en 1978.

    El debate sobre el modelo territorial ha sido interpretado por la mayoría de expertos como reflejo de la crisis del Estado autonómico. También lo recoge así el Informe de Comunidades Autónomas 2013 presentado en el Senado español por el Instituto de Derecho Público de Barcelona (IDPB). La aparición de una multiplicidad de partidos nacionalistas o marcas regionales en muchísimas comunidades parece confirmarlo, aunque se debe ser cauto a la hora de analizarlo, pues algunos responden a simples estrategias personalistas de algunos "barones regionales" o al descrédito del sistema de partidos (bipartidismo PP-PSOE). Hablamos, quizás, de la crisis del modelo territorial más importante de la historia del Estado de las Autonomías.

         Ciertamente, a 30 años de su despliegue, el Estado autonómico parece no haber satisfecho a muchos ciudadanos y, especialmente, a ninguno de los partidos con representación parlamentaria, quienes a su vez han ido detallando algunas propuestas.


             Sorprendre comprobar que ninguna postura se ha manifestado a favor del mantenimiento actual del estado autonómico, considerándolo en todo momento fuente de todos los males, bien por su incapacidad descentralizadora, bien por alentar asimetrías injustificables . Las voces más pesimistas alertan, desde ambos extremos, de los riesgos centrípetos o centrífugos inherentes al modelo autonomista actual.

Entre las principales propuestas (o tendencias) se encuentran las 4 siguientes.

1-Recentralización autonomista
2-Federalización simétrica
3-Federalización asimétrica
4-Secesión


       Mientras tiene lugar un debate con detractores y defensores de unas u otras posturas. El propio gobierno español y algunas instituciones del Estado  han llevado a cabo durante las últimas dos legislturas una serie de actuaciones encaminadas a la recentralización, algo que sus detractores no han dudado en tachar de "auténtica ofensiva centralista". Entre las principales medidas merece la pena resaltar las siguientes:

-La reforma constitucional del art. 135 (2011) y posterior Ley de Estabilidad presupuestaria (2012), que rebajaron el margen de déficit y endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA) por debajo del del nivel de la Administración Central, pese a que son aquéllas quienes asumen el mayor número de competencias.

-La gestión centralista del presupuesto para las CCAA por parte del Ministerio de Hacienda, a través de la definición de fondos y la ejecución de transferencias con carácter irregular (sujetas imprecisiones temporales y condicionadas a ciertos objetivos de gasto, como proveedores o sanidad).

-La gestión de inversiones e infraestracturas  favorable a un modelo radial y no a una red policéntrica y que veta, limita o simplemente lastra el liderazgo comercial, terrestre, aéreo o marítimo de las regiones periféricas.

-La creación de órganos y comisiones pensadas para la reestructuración de la Administración Pública, como:
           -La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el año 2012,
           adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Con el objetivo de
           "austerizar" a la Administración, establecerá objetivos de gasto para todas las
            administraciones.
           -La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), creada en 2013. Con
          el objetivo llevar a cabo una  evaluación de la estabilidad presupuestaria y control del
          endeudamiento de todos los niveles de la Admnistración Pública. Para ello, no sólo elaboran
          informes, sino que han previsto un Plan Estratégico, de carácter quinquenal, así como sus                     correspondientes Planes Anuales.

-La voluntad armonizadora del Consejo de Política Fiscal y Financiera (creado en 1980 mediante ley orgánica), sin margen para el trato financero singular de ninguna comunidad autónoma sujeta al régimen común.

-La voluntad armonizadora de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, comprometida con los objetivos presupuestarios y de convergencia del déficit autonómico marcados por el Estado Central.

-La acción reformista de algunos gobiernos autonómicos (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Rioja, etc), que han comenzado un proceso de "economización"de su entramado institucional, eliminando órganos autónomos y/o reduciendo el número de parlamentarios de sus cámaras autonómicas sin tener presentes criterios demográficos o territoriales.

-La distorsión de la reforma estatutaria catalana por parte del Tribunal Constitucional,  mediante amparo previo de los recursos de inconstitucionalidad a la Carta Catalana y posterior dictamen contrario, entre otros aspectos, al reconocimiento del estatus de Catalunya como nación, la oficialidad otorgada a la lengua propia y a la relación bilateral entre los gobiernos catalán y español.

-El cuestionamiento judicial del sistema de inmersión lingüística catalán, en vigor durante las últimas 3 décadas en la escuela catalana, a favor de una mayor presencia del castellano en la escuela catalana.

-La aprobación de leyes orgánicas específicas armonizadoras, como la LOMCE, que obligará a muchas CCAA a ceñirse curricularmente a los mínimos curriculares ampliados por mandato legislativo y haciendo hincapie en un mayor uso del castellano en la escuela.

    Como se ha situado en la introducción de esta entrada, el Estado Central avanza hacia una centralización lenta pero progresiva con un mismo denominador común: blindar las facultades de las instituciones del Estado para limitar tanto la autonomía normativa y fiscal de las CCAA como su margen de maniobra.

ENLACES RELACIONADOS:

Informe de las Comunidades Autónomas, IDPB, 2013.
Informe de las Comunidades Autónomas, IDPB. 2000-20013
Web del Instituto de Derecho Público de Barcelona (IDPB)
Web de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)
Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, 2013
Web de la autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Plan Estratégico 2015-2020. AIREF






lunes, 22 de septiembre de 2014

Lecciones de la consulta escocesa





            Después de la consulta escocesa Catalunya ha visto truncadas sus expectativas de habilitar una puerta de entrada a la Unión Europea, normalizando así una vía de acceso a su integración como futuro Estado miembro, un camino que Escocia podría haber allanado gracias, al menos, a 3 factores:

1-El reconocimiento de Escocia como sujeto político por parte de Reino Unido.
2-La normalización de la consulta autodeterminista como vía de acceso a la independencia.
3-La admisión de Escocia como Estado miembro gracias, entre otros factores, al acompañamiento anunciado por parte del gobierno del Reino Unido a un futuro Estado escocés.


           Un voto positivo a la secesión escocesa hubiese generado, sin lugar a dudas, un antecedente que la Unión Europea no hubiese podido negligir y que muy probablemnete hubiese obligado a las altas instancias de la Unión a reformular el acceso a la comunidad europea por parte de pequeños Estados cuyo territorio ya pertenece a la Unión. Éste sigue siendo a día de hoy un asunto pendiente sobre el cual las voces más interesadas pretenden sembrar dudas disuasorias cuando alertan de la posible exclusión de los nuevos Estados. ¿Pero tendría sentido y legalidad excluir de la Unión un territorio comunitario por el simple hecho de haberse constituido en Estado? ¿Es la pertenencia o secesión de un Estado miembro el criterio para determinar la continuidad o pertenencia a la Unión? ¿No sería más lógico el reconocimiento de un futuro Estado como miembro mientras no manifestase lo contrario mediante una expresión de soberanía a través de una consulta o su propio parlamento? Las mentes sensatas del ciudadano medio europeo, español o catalán no entenderían que la lógica jurídica aplicada por la U.E. se alejase de lo convincente y amparase la ocultación de una evidencia: la voluntad europeista de los movimientos soberanistas escocés y catalán.

         Objetivamente, el "No" escocés deja como estaba el camino, no lo empeora ni lo difumina, aunque la incertidumbre sobre la integración europea siga planeando sobre la consulta autodeterminista catalana. Asimismo, la consulta escocesa afianza los dos primeros aspectos mencionados más arriba: el reconocimiento de una nación sin Estado a decidir su futuro mediante el ejercicio de la autodeterminación, decidiendo así su continuidad o ruptura con el Estado plurinacional al que está adscrita.

      Ante el "desastre" del independentismo escocés, Mariano Rajoy, en una apuesta oportunista pero posiblemente poco calculada , se ha apresurado a efectuar una solemne declaración cargada de falsedad y falacias que quisiera puntualizar:

-Celebrando la apuesta de los escoceses por la continuidad en el Reino Unido. Lo cual supone reconocer la consulta pese a negar su legitimidad en el Estado español.

-Oponiendo la legalidad española a la británica como razón del desamparo jurídico de la consulta catalana en España.

     Declaraciones muy alejadas de la realidad a la que está sujeta una nación como Escocia y a la que puede acceder cualquier ciudadano con el sistema más popular de acceso a la información: internet. El derecho a la autodeterminación no se encuentra reconocido por la legalidad británica y, mucho menos, por su Constitución. ¿Así pues, qué es lo que ha permitido votar a los escoceses?

 El sistema político británico constituye una excepción en el mundo, junto a Israel y Nueva Zelanda, al no tener una Constitución, sino un conjunto de leyes, sentencias y principios con valor constitucional. Algo que un licenciado en Derecho, como Rajoy, no puede ignorar. ¿En qué legitimidad se apoya la consulta escocesa? Ni más ni menos que en el acuerdo político de San Andres firmado entre el presidente escocés y el británico en octubre de 2012, y del que la prensa española se hizo eco antes y después de la negociación. El acuerdo partía de varios principios recogidos explícitamente en el documento del acuerdo y otros implícitos .
Explícitamente, los acuerdos establecían:

-La atribución de la promoción legislativa de la consulta a la "parte escocesa".
-La necesidad de una pregunta clara que permitiese interpretar la opinión de la ciudadanía consultada.
-El respeto de los resultados por ambas partes.

Implícitamente un acuerdo de esta magnitud llevaba a cabo lo siguiente:

-El reconocimiento de la plurinacionalidad del Reino Unido por parte de su gobierno central.
-El reconocimiento de Escocia como sujeto político.
-La confirmación del territorio escocés como sujeto de soberanía (y no el conjunto del Reino Unido).
-El trato bilateral entre el gobierno británico y el escocés para buscar la solución más adecuada.
-El cuestionamiento del marco territorial, que ha dejado de ser intocable, inmanente e incuestionable.

    Por si no hubiese lugar a dudas, las últimas declaraciones de Cameron después del referéndum admiten que la pertenencia de Escocia al Reino Unido es un acto de voluntad política y no un acto forzado.

     Asimismo, el resultado de la consulta (de acuerdo a las mismas fuentes) han llevado al gobierno británico a reconocer que los resultados obligarán al gobierno británico a ofrecer a corto plazo la posibilidad de profundizar la autonomía una vez los escoceses han desehachado democráticamente la secesión pero se ha constatado un malestar con la calidad de su autogobierno.

       El soberanismo catalán, sin duda, ha visto frustrada la posibilidad de un acompañamiento por parte de un "hermano mayor", pero el Reino Unido ha demostrado al mundo avanzado que las disensiones en torno al marco territorial se pueden realizar siguiendo los cauces del sistema democrático, sin poner en peligro el Estado de derecho y la convivencia y confirmando doblemente el carácter democrático del proceso en al menos dos aspectos:

-Las reglas democráticas del juego consultivo: libertad de expresión durante la campaña y el referéndum como mecanismo participativo en la toma de decisiones.
-La naturaleza federativa de los Estados plurinacionales maduros, que exige la realización de una consulta si una nación, a través de su parlamento y su ciudadanía desea poner a prueba su lealtad al Estado compuesto del que forma parte.

La consulta soberanista así expuesta no es ruptura y supera cualquier test de resistencia.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

La Diada 2014 y la Consulta del 9N




              Después del último 11S podemos afirmar con rotundidad el cáracter nuevamente masivo de la Diada catalana. Ha sido la tercera reedición de una Diada de marcado carácter soberanista. 30 años después de los históricos 11S masivos de la Transición,  orientados a reclamar el restablecimiento de la Generalitat republicana, el soberanismo retoma la calle nuevamente para reclamar, no la autonomía, sino el Estado independiente, de la mano de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Sin embargo, en esta ocasión sus consignas se han centrado en el derecho a decidir, reclamando la celebración de la consulta del 9N (aún pendiente de convocatoria oficial), con la intención de presionar al gobierno de la Generalitat para convocarla.
La movilización, nuevamente promovida por la ANC, ha vuelto a desborbar a los partidos políticos. Auténtica promotora de la consulta, se ha convertido en una asociación con capacidad de articular a la sociedad civil mediante un funcionamiento asambleario que recuerda, sin duda, a la Asamblea de Catalunya, plataforma antifranquista que supo aglutinar a todos los sectores de la resistencia democrática civil catalana. Con ésta comparte su carácter interclasista y su transversalidad ideológica.

                 Como muy bien lo ha radiografiado Enric Juliana recientemente en un artículo de La Vanguardia, toda una generación de diferentes edades ha encontrado en la ANC un espacio para participar sin el sometimiento a una jerarquía de partido. Un revulsivo contra la clase política y las formas clásicas de hacer política (los partidos institucionales) acompañan desde su fundación al movimiento que ha sabido articular la ANC, que ha sabido combinar su independencia orgánica con una madurez a la hora de dirigir sus demandas a las instituciones como últimas responsables de gestionarlas. Como muy bien remarcaba el mismo periodista, la ANC no es la clásica "correa de transmisión" de ningún partido y, mucho menos, de las instituciones. Más bien habría que valorar su capacidad para influir en la agenda pública y en la hoja de ruta marcada por el Parlament y el mismo ejecutivo catalán en torno a la consulta. Todo ello sin desdeñar el impacto favorable de las instituciones y los medios catalanes (que sin duda han transgredido el rigor de neutralidad) y que ha ayudado a movilizar el ciudadano soberanista.

            La última Diada ha puesto en evidencia el interés, por parte de los medios de comunicación oficiales españoles (TV1), de silenciar las dimensiones reales de la movilización del pasado 11S en Catalunya, tan y como ha denunciado en comunicado público el Consejo de Informativos de RNE. La plataforma Hazlo Público ha llegado a denunciar el sesgo informativo e incluso la censura de los planos aéreos de la movilización. Sin lugar a dudas, desde España existe un interés en continuar alimentando la hipótesis que circulaba a pocos días de la consulta que especulaba sobre la desmovilización del electorado indepedentista por el "efecto Pujol" (fraude descubierto del expresidente), hipótesis refutada negativamente por la realidad.

             La controversia generada en torno a la consulta en Catalunya contrasta con la situación existente en estos momentos en el Reino Unido, donde el su Gobierno central hace campaña por el No en un juego pactado con el gobierno escocés para celebrar una consulta el próximo 18/09/2014. Recordemos que el propio gobierno británico reconoció en el 2011 una crisis constitucional en el momento en que el el independentista Partido Nacionalista Escocés apareció como el más votado. Como muy bien situaba el sociólogo Michel Wieviorka hace un par de días, no se debe perder de vista que, en contra de las acusaciones habituales lanzadas desde los grupos de opinión contrarios a las secesiones de los Estados europeos, el nacionalismo periférico (mal llamado "regional") no bebe del antieuropeismo, ni la xenofobia ni el retroceso democrático. Históricamente se suelen alinear con las opciones progresistas y manifiestan un especial interés en ejercer el universalmente reconocido derecho democrático a la autodeterminación. Quizás la mayoría débil de CIU en el parlamento catalán (pese a detentar su gobierno) quizás no es una excepción a la regla, sino una confirmación de la misma...


       La situación actual rebosa tensión teniendo en cuenta las declaraciones cada vez más explícitas por parte de fuentes gubernamentales, en torno a la posibilidad de suspender la autonomía catalana y el encarcelamiento de los responsables de una consulta autodeterminista, teniendo en cuenta que ha recibido el veto rotundo del Estado y que no cuenta con más respaldo legal que la legitimidad que le otorga el Parlamento autónomo y el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat catalana, Este órgano ha emitido un informe consultivo valorando positivamente (aunque con algunos votos particulares) la proposición de ley catalana de consultas catalana que el gobierno de España procederá a impugnar al Tribunal Constitucional (debemos entender que hasta ahora el anuncio de consulta se ha restringido al ámbito de las declaraciones políticas o de intenciones, no impugnables por el alto tribunal).

      El choque de visiones al que asistimos ante el anuncio de consulta y, especialmente, los argumentos que sostienen la posición frente a la misma del Estado la hallamos recogida en el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional (25/03/2014), donde se remarca, nuevamente, que el sujeto de soberanía es el conjunto de España y no la comunidad catalana, algo que merece el rechazo del derecho a una consulta de las características planteadas. 

        Desde España sorprendentemente se escucha con fuerza la opinión que parece corroborar que la reforma del Estatuto catalán (2006) puso las bases de la independencia, obviando el golpe moral que sufrieron las aspiraciones catalanas con el recorte sufrido en al menos 4 aspectos esenciales para la renovación del pacto territorial entre Catalunya y España, entre una nacionalidad histórica con el Estado compuesto que la ha acogido durante los últimos 5 siglos. Hablamos del blindaje de lengua/hecho diferencial, el blindaje de competencias, el trato bilateral y un sistema de financiación específico.

       La tensión política es evidente, aunque es más dudosa la existencia de tensión o polarización social, como parecen afirmar los portavoces de plataformas minoritarias contrarias a la consulta, como Societat Civil Catalana.  Sin embargo, pocos independentistas y españolistas convencidos caen en la cuenta de que la tensión no aparece o desaparece por el mantenimiento o sustitución de la fórmula territorial, sino por la negación del derecho a la autodeterminación, la negación de la consulta que conduce a un aumento de la indignación y la cohesión del movimiento soberanista y que sorprendentemente no se ha traducido en una intolerancia proporcional en estas filas. El civismo y organización con el que se han desarrollado las últimas 3 diadas, sin lugar a dudas, dejan muy claro el grado de madurez de la sociedad civil en Catalunya.

      Ambos gobiernos (central y autónomo) han alimentado los ánimos y las expectativas contrarias y favorables a la consulta, respectivamente. Es evidente que tan difícil resultaría para Artur Mas desinflar el ambiente favorable a la consulta (una muerte política anunciada de su federación y él mismo) como lo es para el gobierno central después de alimentar sistemáticamente el discurso de la incuestionabilidad del marco territorial y las reglas de juego, así como de la misma consulta.

      La solución coherente, inteligente y útil debería pasar por dos procesos de negociación a los que no están cerrados los auténticos promotores de la consulta y máxima expresión de la sociedad civil organizada para su cometido (ANC):

    - La negociación de los términos de una consulta 
     -La negociación del proceso, los tiempos de una secesión ordenada, en concepto de traspasos: transferencia de poderes, cómputo de deuda, acuerdos comerciales, etc.

       A esta doble negociación habría que añadir un tercer proceso, enmarcado en la posibilidad de un consulta que rechazase en las urnas la opción secesionista a cambio de una mejora de la calidad del autogobierno (tal y como ha prometido el gobierno británico ante la consulta escocesa del 18/09/2014).: la creación de un marco de trabajo de carácter bilateral (Estado-Generalitat) y participativo donde se mejorase el encaje actual (competencial, financieramente...). La mejora sería conveniente, però sólo proporcionaría la solución, como se ha dicho, ante un rechazo a la opción de la independencia.


miércoles, 10 de septiembre de 2014

Catalunya ante la consulta del 9N

     
 Con la Diada de Catalunya a las puertas y a 2 meses del anuncio de la convocatoria de la consulta catalana existe incertidumbre, confusión y a veces intentos de manipulación de la realidad que merecen una análisis sosegado.

       Hace justo un año publiqué una entrada en este blog donde hacía un análisis sociológico de la realidad catalana ante el reto soberanista. Poco parece haber variado la realidad descrita, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones europeas y que resumiría como las "4 Catalunyes" en relación a la doble pregunta planteada (1. "Ser un Estado". 2 "Ser además Estado independiente"):

-La Catalunya abstencionista, ajena a los procesos políticos, que representaría en torno a un 30%-35% de la sociedad civil según la relevancia del proceso electoral.
-La autodeterminista de vocación independentista, en torno a un 33%  de la sociedad. La respuesta a una hipotética consulta sería Sí-Sí, con un peso electoral que se podría situar ligeramente por encima del 50% de los votos emitidos con un índece de participación en torno al 65-70%.
-La autodeterminista de vocación autonomista, federal o confederal, en torno a un 17% (en torno a un 25% de los votantes). La respuesta a la consulta abarcaría desde un Sí-No y  Sí-Blanco mayoritariamente a un minoritario  Sí-Sí.
-La antiindependentista y, a su vez, antiautodeterminista, en torno a un , un 15% de la sociedad civil (en torno a un 20%-25% de los votantes). Ante una consulta optarían mayoritariamente por el boicot, serían abstencionistas activos o se decantarían por el No.



     El debate sobre la legitimidad de la consulta vuelve a estar sobre la mesa. Varios son los aspectos a resaltar:

-La actitud del gobierno central sigue insistiendo en la "ilegalidad" de la consulta, aunque no se atreve a calificarla de "antidemocrática". Teniendo en cuenta la inequívoca naturaleza democrática de una consulta en condiciones de libertad de expresión y participación como las actualmente existentes en Catalunya.
-El clima de  incertidumbre ante la consulta es evidente. Parte del electorado independentista podría encontrarse desmovilizado por escepticismo, ante la nula posibilidad de que el Estado haga cesión de la competencia estatal al gobierno autónomo para que pueda celebrarse la consulta.
-El clima de temor ante la posibilidad de que el Estado pueda intervenir coactivamente por mandato de alguna alta instancia.
-El clima de movilización a favor de la consulta, aunque menor, sigue siendo alto como demuestran las cifras de participantes preparados para acudir a la celebración de la Diada.

         Mientras algunos medios insisten en la necesidad de "frenar el soberanismo" y exigen  a la Generalitat abortar la consulta, se negligen, al menos 3 aspectos claves para comprender las razones del "inconformismo catalán" y que sostienen la coherencia del movimiento soberanista actual. La "desafección sociológica" hacia España supone una crisis de confianza de Catalunya hacia el Estado y tiene una dimensión ineludible de crisis constitucional. Se produce, al menos, en tres planos:

    1. El encaje territorial simétrico de Catalunya en el modelo autonomico actual, de naturaleza simétrica, cerrando la puerta a una relación asimétrica basada en una relación de bilateralidad con el Estado y al blindaje de algunas de sus competencias.
    2. El ambiguo reconocimiento de la plurinacionalidad y ausencia de blindaje del hecho diferencial catalán, ante la amenaza judicial que planea sobre el sistema educativo catalán, que hace peligrar el rango de lengua vehicular de que goza el catalán en la escuela catalana.
    3. El sistema de financiación de las CCAA (régimen fiscal común), cerrado al blindaje del principio de ordinalidad de las comunidades excedentarias,"condenadas" a un déficit fiscal que lastra su crecimiento y/o recuperación económica.

          Siendo así la situación existente, podemos afirmar que la vía estatutaria ha muerto para muchos catalanes. El último intento  por dotarse de una autogobierno de calidad por la vía de la reforma de la carta catalana para profundizar en la autonomía fue cercenado, primero por el Parlamento español y, posteriormente, por el Tribunal Constitucional (2010). Acto deslegitimado especialmente por haber sido modificada después de ser refrendada por el pueblo catalán (la imagen anticatalanista del PP proviene, nuevamente, por haber auspiciado la actuación mencionada mediante el recurso de inconstitucionalidad que el alto tribunal aceptó a trámite). Asimismo, la politización de este órgano hace de él una instancia que no garantiza, a ojos de los catalanes, la imparcialidad en el proceso.

Ante la situación actual y, pese a la temeridad de intentar hacer una previsión, me atrevo a afirmar que existen, al menos 4 escenarios posibles ante la situación actual:

1-El escenario más probable: el gobierno autónomo, liderado por CIU, renuncia a llevar a cabo una consulta "ilegal", vetada por cualquiera de las instituciones que represetan al Estado. Provoca una crisis de gobierno en Catalunya y la celebración de unas elecciones de marcado carácter plebiscitario con dos posibles escenarios:

    A/ Se configura una mayoría soberanista, liderada por ERC y decide realizar la consulta desobedeciendo al Estado o proclamar la indepedencia unilateralmente con la esperanza abrir un proceso negociador. Las consecuencias remiten al punto 2.

   B/ Se configura un gobierno de vocación autodeterminista pero sin una clara mayoría independentista. Se abre un proceso de negociación con el Estado con el fin de zanjar la controversia con un acuerdo que profundice la autonomía y mejorando el sistema de financiación. Sin renunciar al derecho de autodeterminació, se aparca indefinidamente la consulta

2-La opción menos probable: El gobierno autónomo lleva a cabo la consulta, cometiendo un acto de deslealtad y desobediencia con el Estado, pese a intentar dotarla de un significado consultivo y no vinculante. La lectura de la consulta se hace en clave soberanista y la reacción del Estado no se hace esperar, decidiendo actuar con un abanico de medidas que pueden abarcar e incluir desde la suspensión cautelar (total o parcial) del autogobierno a la detención de los responsables políticos, que pasan a ser juzgados y condenados. Esta situación abriría un doble escenario:

 A/ La sociedad civil responde con una amplia movilización social. El espectro autodeterminista no decantado inicialmente hacia la independencia podría alimentar el movimiento soberanista, solidarizándose activamente los sindicatos, colegios profesionales, movimientos sociales anticapitalistas y partidos de izquierda de corte no independentista. Se produce un jaque al Estado en el que podría participar parcialmente la propia patronal catalana. Se podría desembocar en una situación similar a la descrita en el apartado 1A.

B/ Se producen elecciones anticipadas favorecidas por el interés del Gobierno central en debilitar la opciones políticas independentistas y nacionalistas, confiados en poder hacerse democráticamente con el control de la situación ganando peso en la cámara catalana. Pero muy probablemente las elecciones vuelven a dar una mayoría holgada a las formaciones de marcada corte soberanista y se producen los escenarios 1A y 1B antes descritos.

3. Una opción medianamente probable: el gobierno autónomo renuncia a llevar a cabo la consulta, pero la sociedad civil, a partir de la red social articulada en torno a la ANC, promotora de la consulta, lleva a cabo una consulta paralela, sin una validez legal ni consecuencias políticas inmediatas (mucho menos las deseadas). Se produce una crisis interna en el movimiento pro-consulta y se presiona al gobierno para disolver el Parlamento y celebrar unas nuevas elecciones. Se produce el escenario descrito en 1A y 1B o 2B.

                 La previsión de hechos descrita, a partir de las declaraciones y los posicionamientos que constituyen la geopolítica de los partidos políticos en Catalunya, nos conduce a un escenario donde muy probablemente el Gobierno catalán decidirá suspender indefinidamente la consulta a cambio de avanzar nuevamente unos comicios que, sin lugar a dudas, abrirán las puertas a reconfigurar la cámara y replantear nuevamente la cuestión. De esas elecciones dependerá el futuro de Catalunya: zanjar asunto (poco probable) stand by (probable a corto plazo), o continuar con la cuestión (muy probable). El proceso parece imparable porque muy difícilmente el comportamiento electoral de la ciudadanía marginará, a corto plazo, las opciones soberanistas, teniendo en cuenta que el debate soberanista ha conseguido redefinir el arco parlamentario y cuenta con un gran calado social. Parece incuestionable que el movimiento soberanista cuenta con la "razón" (el derecho universal a la autodeterminación) y el apoyo social necesario como para calificar la consulta como una demanda popular sin necesidad de disfrazarla. Sin embargo, es posible que el Estado reaccione políticamente, poniendo sobre la mesa una "contraoferta" que permita mejorar la calidad del autogobierno o su financiación, con la esperanza de saldar la crisis de confianza y devolver al independentismo a la marginalidad política.

                El proceso se intuye  largo y se enmarca en una crisis de confianza entre Catalunya (social y políticamente hablando) y las instituciones del Estado y los principales partidos españoles, leales a una concepción territorial de España como unidad indivisible y unas reglas de juego "comunes", una actitud reacia a introducir diferencias bajo el paraguas discursivo del principio universal de "igualdad entre territorios". La situación resultante o simplemente derivada del 9N retroalimentará una crisis de calado constitucional ( no reconocida por el Estado) en el plano de la plurinacionalidad que no podrá solventarse sin un cambio radical de actitud por parte del gobierno central. Catalunya, un sujeto político reconocido por la Constitución con la categoria de "nacionalidad histórica", seguirá reclamando el ejercicio de un derecho universal no recogido en nuestra Carta Magna pero tampoco en la de la mayoría de Estados soberanos. Y muy improbablemente cesará en su reivindicación ya sea en la calle o a través de su máxima expresión de soberanía: el Parlament. La continuidad de Catalunya en España dependerá a medio o largo plazo de que los gobiernos central y autónomo resuelvan la fórmula que permita que los catalanes decidan si desean permanecer o no en España.

              Definir un nuevo marco de relación (un acuerdo de mejora) sólo tendría sentido y zanjaría la crisis en caso de que Catalunya rechazase la secesión en una consulta de corte autodeterminista. Los catalanes tienen derecho a avalar o rechazar el pacto que recoja su encaje en España. De lo contrario, no se resuelve el problema aunque a corto plazo se pueda trabajar para mitigar el malestar.